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INICIO DEL TRAMITE EN MIGRACIONES

CUESTA 200 PESOS

Inmigrantes limítrofes: la difícil ruta para rafdicarse.

Deben presentar documentos, certificados de antecedentes penales y de aptitud médica.

La decisión es alentadora: el Gobierno dispuso suspender las expulsiones de los extranjeros provenientes de los países limítrofes que carezcan de la documentación que les permite vivir en el país.

Sin embargo, los trámites para conseguir la radicación, y legalizar así su permanencia, continúan siendo un nudo de incógnitas para muchos de esos 750 mil inmigrantes.

Los aspirantes que completen todos los pasos lograrán una residencia por un año, prorrogable por otro. Si luego se acreditan medios de vida lícitos, podrán obtener la residencia permanente e iniciar, por último, el trámite para la ciudadanía.

Según pudo averiguar Clarín, el proceso inicial consta de varios pasos e involucra una importante suma de dinero que nunca baja de los 300 pesos.

En la información provista por la Dirección Nacional de Migraciones, estas son las constancias que aparecen como imprescindibles para iniciar el trámite:

  • Cédula de identidad, pasaporte o algún certificado de nacionalidad vigente (original y fotocopia).
  • Partida de nacimiento (original y fotocopia).
  • Verificación de antecedentes penales del país de origen (sólo para mayores de 16 años).
  • Verificación de antecedentes penales en Argentina (sólo para mayores de 18 años).
  • Certificado de aptitud médica con radiografía de tórax de frente y un hemograma completo. Los menores de 2 años sólo deberán presentar la libreta de vacunas.
  • Depósito de $ 200 en el Banco de la Nación Argentina en concepto de pago de tasa (están exceptuados los menores de 16 años que se radiquen con sus padres). Hay una sede del Banco en la Dirección de Migraciones.

Tanto la verificación de antecedentes penales en el país de origen como la partida de nacimiento deben estar legalizados por el Consulado Argentino del país en cuestión.

En los Consulados de Paraguay, Uruguay y Bolivia cuesta 40 dólares la legalización de cada documento. En el Consulado de Chile, el importe es de 22.680 pesos chilenos y en el de Brasil, 116,40 reales.

Para los brasileros existe una particularidad. Todos las constancias deben estar además legalizadas y traducidas por el Colegio de Traductores Públicos (Av. Callao 289, Piso 4ø). La legalización cuesta 20 pesos por cada documento y el costo de la traducción varía según los honorarios del traductor.

La verificación de antecedentes en Argentina es emitida por la Policía Federal y se tramita en Azopardo 620. En la actualidad, presenta dos tarifas: 25 pesos si se la quiere obtener en el momento, o 17 pesos si se acepta esperar una semana. Los certificados de aptitud médica pueden realizarse en forma gratuita en cualquier hospital público.

Desde la Dirección Nacional de Migraciones lanzaron un claro mensaje: "Es inútil presentarse para iniciar el trámite de radicación si no se tienen todos estos documentos en su poder". El organismo está en Av. Antártida Argentina 1355 y el horario de atención es de 8 a 13 horas.

EN ESPERA. SON 750.000 LOS INMIGRANTES LIMITROFES ILEGALES.

Residentes extranjeros:

Hubo 11.685 ilegales expulsados desde 2000.

La legislación lo permitía; desde ahora lo resolverá un juez.

Se suspendieron las deportaciones de indocumentados de países limítrofes hasta que se reglamente la ley

Acreditando ciudadanía y buena conducta podrán residir por un año en el país.

Durante los tres últimos años 11.685 extranjeros fueron expulsados de la Argentina por no tener sus documentos en regla. Esa situación es la que se busca evitar desde ayer, tras la resolución de la Dirección Nacional de Migraciones de suspender, hasta la reglamentación de la nueva ley migratoria, las deportaciones de los indocumentados y residentes ilegales llegados de países limítrofes.

Además, la reglamentación que entró en vigor anteayer, tras su publicación en el Boletín Oficial, se condice con la ley 25.871, que, entre otras cosas, impide que los extranjeros que residan en el país en situación irregular sean expulsados directamente por las fuerzas auxiliares de Migraciones, la Policía Federal, la Prefectura Naval o la Gendarmería Nacional.

"Lo que estamos haciendo con la nueva ley de migraciones, hasta que se reglamente, es tomar una acción determinada. De esta forma, la Dirección de Migraciones da una solución, para no tener que efectuar lo que decía la vieja ley, que era la expulsión inmediata", señaló el ministro del Interior, Aníbal Fernández.

Es que la ley que regía, elaborada en la última dictadura militar, permitía la expulsión directa de los extranjeros que estuvieran en situación irregular, incluso la de aquellos que aún no hubieran finalizado el trámite de residencia.

"Desde ahora, todos los extranjeros tendrán el derecho de ser escuchados por un juez, y será él quien decida cuál es el destino de esa persona", indicó Diego Morales, abogado del Programa de Atención de Migrantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Las detenciones o las expulsiones de inmigrantes ilegales podían suceder en las fronteras o en cualquier lugar de residencia del país. Según la jurisdicción, actuaba la fuerza auxiliar correspondiente.

Según cifras de la Dirección de Migraciones y del CELS, los informes de la Gendarmería Nacional daban cuenta de 1600 expulsiones en 2000, de 3300 en 2001 y de 1700 hasta octubre de 2002. Estos datos no incluyen las deportaciones de personas con antecedentes penales, que tampoco serán beneficiadas con la nueva normativa.

La Prefectura Naval, por su parte, tiene registradas 1505 expulsiones en 2000, 2098 en 2001 y 1482 hasta octubre de 2002. La comunidad paraguaya fue la más afectada por estas medidas, ya que registraba deportaciones de entre 80 y 200 ciudadanos por mes.

La resolución no alcanza a los ciudadanos peruanos, una de las mayores comunidades que desembarcaron en la Argentina durante los últimos años. La razón es que Perú no es un país limítrofe ni pertenece al Mercosur.

Al respecto, Fernández adelantó: "Todos los casos se revisarán de la misma forma, cualquiera sea la procedencia del inmigrante. Lo que tenemos que hacer es esa revisión, un análisis específico de la legislación que tenemos y acabamos de sancionar, la reglamentación, y ver cómo adecuarlos con cada una de las acciones".

Según las disposiciones adoptadas en noviembre último por el Poder Ejecutivo, los requisitos para residir legalmente por un año, extensible a dos, en el país son: la ciudadanía de origen en un país limítrofe, un certificado de salud y un certificado que dé cuenta de no tener antecedentes policiales o penales en la Argentina o en el exterior.

Una larga cola de extranjeros que intentan regularizar su situación en la Dirección Nacional de Migraciones

La nueva política migratoria

El Congreso Nacional ha aprobado una nueva legislación migratoria permisiva con los residentes del Mercosur. La política migratoria es crítica para definir el perfil de país que queremos ser. Así como la apertura hacia la inmigración europea definió un país con una participación importante de la clase media, esta nueva política migratoria nos asimilará al perfil de distribución de ingresos de nuestros países vecinos.

Los beneficiados por la nueva política serán los países limítrofes, que nos "exportarán" desempleo. Los afectados serán los sectores de menores ingresos, a quienes les será más difícil conseguir empleo con la competencia de inmigrantes de países limítrofes.

La legislación sancionada es inconsistente con las intenciones distributivas del gobierno. Los países con mejor distribución del ingreso son aquellos en donde el capital abunda (porque se lo cautiva con seguridad jurídica y estabilidad de las reglas de juego) y la oferta de mano de obra no calificada es declinante, lo que depende fundamentalmente de la calidad educativa, pero también de la tasa de natalidad de los sectores de menores ingresos y del control de las corrientes migratorias.

La política razonable sería administrar la inmigración para limitarla a las capacidades laborales que se necesiten y cuando se las necesite. No tiene las mismas consecuencias autorizar inmigración calificada que autorizar la inmigración de quienes vienen a competir por trabajos no calificados. Tampoco es lo mismo autorizar una inmigración transitoria en épocas de bonanza que autorizar migraciones permanentes cuando tenemos problemas crónicos de marginalidad. Tampoco tiene sentido permitir el acceso a la salud y la educación de residentes ilegales, en detrimento de los servicios que se le pueden dar a nuestra población necesitada.

Con la nueva política migratoria, el crecimiento económico no conseguirá mejorar la pobreza y la marginalidad, ya que la recuperación de la demanda laboral atraerá pobreza de países vecinos. El riesgo entonces es que tampoco haya crecimiento sustentable, pues un gobierno progresista preocupado por una distribución del ingreso que no mejora se verá impulsado a tomar nuevas medidas distribucionistas y expropiatorias que atentarán contra la inversión y el crecimiento de largo plazo. Esta es la trampa en la que nos ha metido la nueva política migratoria.

Argentina no expulsará inmigrantes

El gobierno de Argentina ordenó suspender la expulsión de inmigrantes indocumentados que provengan de países limítrofes, mientras se reglamenta la nueva Ley de Migraciones, aprobada en diciembre del año pasado.

Según cálculos oficiales, la medida beneficiará a unos 700 mil ciudadanos de Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay que viven sin papeles en Argentina.

Una de las comunidades extranjeras más grandes de Argentina es la de los peruanos. Pero los ciudadanos de ese país fueron excluidos del beneficio de suspensión de las expulsiones porque Perú no limita con Argentina ni es miembro del MERCOSUR.

El tema migratorio forma parte de los acuerdos de residencia del MERCOSUR, que todavía no han entrado en vigencia, pero que en el futuro permitirán el libre flujo de personas entre los países miembros.

Las autoridades creen poco probable que la decisión provoque "un aluvión de extranjeros". Por el contrario, "todo el que ingrese estará registrado", según el director de Migraciones, Ricardo Rodríguez.

El gobierno argentino pretende con esta ley "limpiar todo lo que está en negro".

Resolución

La resolución contempla como excepción el hecho de tener antecedentes penales en Argentina o en el país de origen. En esos caso sí procede la expulsión de la persona indocumentada.

Ya en noviembre, Argentina había aprobado una resolución que permite a los naturales de los países limítrofes obtener un permiso de residencia por dos años.

Rodríguez agregó que estas medidas permitirán poner fin a la "cueva de corrupción" en la que se había convertido la tramitación de los permisos para residir legalmente en el país.

Desde diciembre hasta finales de enero ya se firmaron más de 16 mil expedientes de solicitud de residencia que estaban en trámite, de los cuales más de 6 mil estaban atrasados, algunos desde 1991.

El director de Migraciones asegura que con estos nuevos instrumentos podrán "limpiar todo lo que está en negro". Se calcula que en Argentina hay alrededor de 1.250.000 inmigrantes en total.