Nacionalidad Hondureña

Contenidos Relacionados

TÍTULO II. DE LA NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA

CAPÍTULO I. DE LOS HONDUREÑOS

Artículo 22.- La nacionalidad hondureña se adquiere por nacimiento y por naturalización.

Artículo 23.- Son hondureños por nacimiento:

1.Los nacidos en el territorio nacional, con excepción de los hijos de los agentes diplomáticos;

2.Los nacidos en el extranjero de padre o madre hondureños por nacimiento;

Interpretado mediante decreto 13-2001 de fecha 23 de febrero del 2001, publicado en el diario Oficial La Gaceta No. 29,423 del 8 de marzo del 2001, el numeral 2) del artículo 23 en el sentido que son hondureños por nacimiento los hijos nacidos en el extranjero de padre o madres hondureños por nacimiento:

1. Cuando uno de estos haya nacido en el territorio nacional de Honduras y así se encuentre acreditado legalmente al momento del nacimiento de su hijo; y,
2. Cuando habiendo nacido uno de ellos en el extranjero, acredite su derecho de sangre, como hondureño por nacimiento.

3.Los nacidos a bordo de embarcaciones o aeronaves de guerra hondureñas, y los nacidos en naves mercantes que se encuentren en aguas territoriales de Honduras; y,

4. El infante de padres ignorados encontrado en el territorio de Honduras.

Artículo 24.- Son hondureños por naturalización:

1.Los centroamericanos por nacimiento que tengan un año de residencia en el país;

2. Los españoles e iberoamericanos por nacimiento que tengan dos años consecutivos de residencia
en el país.

3. Los demás extranjeros que hayan residido en el país más de tres años consecutivos;

4.Los que obtengan carta de naturalización decretada por el Congreso Nacional por servicios extraordinarios prestados a Honduras;

5.Los inmigrantes que formando parte de grupos seleccionados traídos por el gobierno para fines científicos, agrícolas e industriales después de un año de residir en el país llenen los requisitos de Ley; y,

6. La persona extranjera casada con hondureño por nacimiento.

En los casos a que se refieren los numerales 1, 2, 3, 5 y 6 el solicitante debe renunciar previamente a su nacionalidad y manifestar su deseo de optar la nacionalidad hondureña ante la autoridad competente.

Cuando exista tratado de doble nacionalidad, el hondureño que optare por nacionalidad extranjera, no perderá la hondureña.

En iguales circunstancias no se le exigirá al extranjero que renuncie a su nacionalidad de origen.

Artículo 25.- Mientras resida en Honduras ningún hondureño por nacimiento podrá invocar nacionalidad distinta de la hondureña.

Artículo 26.- Ningún hondureño naturalizado podrá desempeñar en su país de origen, funciones oficiales en representación de Honduras.

Artículo 27.- Ni el matrimonio ni su disolución afectan la nacionalidad de los cónyuges o de sus hijos.

Artículo 28.- La nacionalidad hondureña se pierde:

1.Por naturalización en país extranjero; y,

2. Por cancelación de la carta de naturalización, de conformidad con la Ley.

Artículo 29.- La nacionalidad hondureña por nacimiento se recupera, cuando el que la hubiere perdido se domicilie en el territorio de la República y declare su voluntad de recuperarla.

CAPÍTULO II. DE LOS EXTRANJEROS

Artículo 30.- Los extranjeros están obligados desde su ingreso al territorio nacional a respetar las autoridades y a cumplir las leyes.

Artículo 31.- Los extranjeros gozan de los mismos derechos civiles de los hondureños con las restricciones que por razones calificadas de orden público, seguridad, interés o conveniencia social establecen las Leyes.

Los extranjeros, también están sujetos a los mismos tributos ordinarios y extraordinarios de carácter general a que están obligados los hondureños, de conformidad con la Ley.

Artículo 32.- Los extranjeros no podrán desarrollar en el país actividades políticas de carácter nacional ni internacional, bajo pena de ser sancionados de conformidad con la Ley.

Artículo 33.- Los extranjeros no podrán hacer reclamaciones ni exigir indemnización alguna del Estado sino en la forma y en los casos en que pudieren hacerlo los hondureños.

No podrán recurrir a la vía diplomática sino en los casos de denegación de justicia. Para este efecto no se entenderá por denegación de justicia que un fallo sea desfavorable al reclamante. Los que contravinieren esta disposición perderán el derecho de habitar en el país.

Artículo 34.- Los extranjeros solamente podrán, dentro de los límites que establezca la Ley, desempeñar empleos en la enseñanza de las ciencias y de las artes y prestar al Estado servicios técnicos o de asesoramiento, cuando no haya hondureños que puedan desempeñar dichos empleos o prestar tales servicios.

Artículo 35.- La inmigración estará condicionada a los intereses sociales, políticos, económicos y demográficos del país.

La Ley establecerá los requisitos, cuotas y condiciones para el ingreso de los inmigrantes al país, así como las prohibiciones, limitaciones y sanciones a que estarán sujetos los extranjeros.

CAPÍTULO III. DE LOS CIUDADANOS

Artículo 36.- Son ciudadanos todos los hondureños mayores de dieciocho años.

Artículo 37.- Son derechos del ciudadano:

1.Elegir y ser electo;

2. Optar a cargos públicos;

3.Asociarse para constituir partidos políticos, ingresar o renunciar a ellos; y,

4. Los demás que le reconocen esta Constitución y las Leyes.

Los ciudadanos de alta en las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado no podrán ejercer el sufragio, pero si serán elegibles en los casos no prohibidos por la Ley.

Artículo 38.- Todo hondureño está obligado a defender la Patria, respetar las autoridades y contribuir al sostenimiento moral y material de la nación.

Artículo 39.- Todo hondureño deberá ser inscrito en el Registro Nacional de las Personas.

Artículo 40.- Son deberes del ciudadano:

1. Cumplir, defender y velar porque se cumplan la Constitución y las Leyes;

2.Obtener su Tarjeta de Identidad;

3.Ejercer el sufragio;

4.Desempeñar, salvo excusa o renuncia con causa justificada, los cargos de elección popular;

5.Cumplir con el servicio militar; y,

6. Las demás que establezcan la Constitución y las Leyes.

Artículo 41.- La calidad del ciudadano se suspende:

1.Por auto de prisión decretado por delito que merezca pena mayor;

2.Por sentencia condenatoria firme, dictada por causa de delito; y,

3. Por interdicción judicial.

Artículo 42.- La calidad de ciudadano se pierde:

1. Por prestar servicios en tiempo de guerra a enemigos de Honduras o de sus aliados;

2. Por prestar ayuda en contra del Estado de Honduras, a un extranjero o a un gobierno extranjero en cualquier reclamación diplomática o ante un tribunal internacional;

3. Por desempeñar en el país, sin licencia del Congreso Nacional, empleo de nación extranjera, del ramo militar o de carácter político;

4.Por coartar la libertad de sufragio, adulterar documentos electorales o emplear medios fraudulentos para burlar la voluntad popular;

5.Por incitar, promover o apoyar el continuismo o la reelección del Presidente de la República; y,

6. Por residir los hondureños naturalizados, por más de dos años consecutivos, en el extranjero sin previa autorización del Poder Ejecutivo.

En los casos a que se refieren los numerales 1) y 2), la declaración de la pérdida de la ciudadanía la hará el Congreso Nacional mediante expediente circunstanciado que se forme al efecto. Para los casos de los numerales 3) y 6), dicha declaración la hará el Poder Ejecutivo mediante acuerdo gubernativo; y para los casos de los incisos 4) y 5) también por acuerdo gubernativo, previa sentencia condenatoria dictada por los Tribunales competentes.

Artículo 43.- La calidad de ciudadano se restablece:

1.Por sobreseimiento definitivo confirmado;

2.Por sentencia firme absolutoria;

3.Por amnistía o por indulto; y,

4. Por cumplimiento de la pena.

CAPÍTULO IV. DEL SUFRAGIO Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Artículo 44.- El sufragio es un derecho y una función pública. El voto es universal, obligatorio, igualitario, directo, libre y secreto.

Artículo 45.- Se declara punible todo acto por el cual se prohiba o limite la participación del ciudadano en la vida política del país.

Artículo 46.- Se adopta el sistema de representación proporcional o por mayoría en los casos que determine la Ley, para declarar electos en sus cargos a los candidatos de elección popular.

Artículo 47.- Los partidos políticos legalmente inscritos son instituciones de derecho público, cuya existencia y libre funcionamiento garantiza esta Constitución y la Ley, para lograr la efectiva participación política de los ciudadanos.

Artículo 48.- Se prohibe a los partidos políticos atentar contra el sistema republicano, democrático y representativo de Gobierno.

Artículo 49.- El Estado contribuirá a financiar los gastos de los partidos políticos, de conformidad con la Ley.

Artículo 50.- Los partidos políticos no podrán recibir subvenciones o subsidios de gobiernos, organizaciones o instituciones extranjeras.

CAPÍTULO V. DE LA FUNCIÓN ELECTORAL

Artículo 51.- Para todo lo relacionado con los actos y procedimientos electorales habrá un Tribunal Nacional de Elecciones, autónomo e independiente, con jurisdicción y competencia en toda la República, cuya organización y funcionamiento serán establecidos por esta Constitución y la Ley, las que fijarán igualmente lo relativo a los demás organismos electorales. La Ley que regule la materia electoral únicamente podrá ser reformada o derogada por mayoría cualificada de las dos terceras partes de los miembros del Congreso Nacional, previa opinión del Tribunal Nacional de Elecciones.

Artículo 52.- La integración del Tribunal Nacional de Elecciones se hará mediante nombramiento emitido por el Poder Ejecutivo, por medio de la Secretaría de Gobernación y Justicia, en la forma siguiente:

1) Un propietario y un suplente designados por la Corte Suprema de Justicia.

2) Un propietario y un suplente designados por cada uno de los partidos políticos legalmente inscritos.

Si por razón de variar el número de Partidos con derecho a designar miembro del Tribunal Nacional de Elecciones, el pleno de éste quedare constituido por un número par, el Poder Ejecutivo, previa designación de la Corte Suprema de Justicia, nombrará de inmediato un miembro adicional, en forma tal que el total de los miembros sea siempre impar.

Artículo 53.- La Presidencia del Tribunal Nacional de Elecciones será ejercida durante un año, y en forma rotativa, por cada uno de los miembros propietarios que lo integran.

Artículo 54.- Créase el Registro Nacional de Personas como un organismo del Estado, con asiento en la capital de la República y jurisdicción en todo el territorio nacional, dependiente del Tribunal Nacional de Elecciones, el cual nombrará a su Director y Sub-Director.

Artículo 55.- El Registro Nacional de las Personas además de las funciones que le señala la Ley Especial, será el organismo estatal encargado del Registro Civil, de extender la Tarjeta de Identidad única a todos los hondureños, y de elaborar de oficio y en forma exclusiva el Censo Nacional Electoral.

Artículo 56.- El Censo Nacional Electoral es público, permanente e inalterable. La inscripción de los ciudadanos, así como las modificaciones ocurridas por muerte, cambio de vecindario, suspensión, pérdida o restablecimiento de la ciudadanía se verificará en los plazos y con las modalidades que determine la Ley.

Artículo 57.- La acción penal por los delitos electorales establecidos por la Ley es pública y prescribe en cuatro años.

Artículo 58.- La justicia ordinaria, sin distinción de fueros, conocerá de los delitos y faltas electorales.