El Súbdito y El Ciudadano

La ciudadanía, además de indicar el vínculo que existe entre un individuo y un Estado, esto es, el status cividatis, es también una situación jurídica individual en base a la cual una persona goza de algunos derechos y debe, así mismo, cumplir con ciertas obligaciones.

La ciudadanía se distingue de la condición de súbdito, que es en cambio, una situación jurídica subjetiva por la cual una persona depende de por vida, del Estado. La condición de súbdito comporta, entonces, un ejercicio reducido, limitado, de los derechos civiles y políticos.

También el súbdito es ciudadano de un Estado, pero la ciudadanía debe entenderse, en este caso, simplemente en el sentido del vínculo que existe entre un individuo y un Estado y no en el sentido del ejercicio de derechos por parte de un sujeto, con respecto a su propio Estado.

La atribución de la ciudadanía por lo tanto, no podía ser separada, en un tiempo, de la concepción “patrimonial” del Estado, según la cual el soberano, en general representado por el monarca absoluto, debía ser considerado también como titular de todos y cada uno de los derechos sobre el territorio. Incluso los seres humanos residentes en el territorio del Estado eran considerados “objetos” de los derechos del soberano.

Se podía, y se puede todavía hablar de súbditos y no de ciudadanos, en el caso de habitantes de un Estado gobernado por una monarquía absoluta.

A diferencia de la condición de súbdito, la ciudadanía constituye un concepto jurídico más bien reciente, que se enlaza con las ideas difundidas por la revolución francesa que cimentaron las bases para la concepción del derecho, tanto interno, como internacional, y al desarrollo en sentido liberal y democrático del Estado moderno.

La ciudadanía se entiende actualmente como una situación gracias a la cual una persona, al contrario de la condición de súbdito en la cual el Estado representado por el monarca era libre de hacer lo que quería con la vida de sus ciudadanos, no es ya considerada un objeto que debe cumplir exclusivamente las obligaciones con el Estado, sino un sujeto cuyos intereses son tutelados y que goza de una serie de derechos que puede hacer valer frente a su Estado.