La ciudadania en el derecho internacional

La ciudadanía siempre ha influido en las relaciones entre los Estados.

El traslado de una persona de un Estado a otro, obliga al individuo a acreditar su pertenencia a un cierto Estado y, en consecuencia, a la posesión de determinada ciudadanía.

La ciudadanía está entonces regulada, no sólo por las normas correspondientes a cada Estado, sino también por el Derecho Internacional.

Tradicionalmente, las relaciones entre los Estados ocurrían entre ciudades, a menudo enemigas entre ellas, y el cambio de ciudadanía era considerado desfavorablemente, porque significaba, sobre todo, la posibilidad de tomar las armas contra el propio estado de origen.

Esta situación dio origen al principio según el cual el que adquiere una nueva ciudadanía pierde la original. En sustancia, para el Derecho Internacional, nadie puede pertenecer a dos Estados.

Hay sin embargo casos, en los que una persona, a través de la simultánea aplicación del criterio del ius sanguinis, por parte de la ley de un Estado, y del criterio del ius soli, por parte de la ley de otro Estado, es ciudadano de dos Estados.

Se trata de una situación que actualmente es vista siempre más favorablemente por los Estados. La legislación de algunos Estados, entre ellos Italia, consiente actualmente la posesión de dos ciudadanías, así como tal posesión es admitida también en algunos tratados internacionales, como el Tratado sobre la doble ciudadanía concluido entre Italia y Argentina el 29 de diciembre de 1971.

Según el Derecho Internacional, corresponde a cada Estado, a través de sus leyes, regular libremente las maneras de adquisición, pérdida y readquisición de la ciudadanía.

Cada Estado es libre entonces de elegir, para atribuir la propia ciudadanía, el principio del ius sanguinis o el del jus soli, así como es libre de fijar con sus propias leyes los criterios y las condiciones para la naturalización.

La ciudadanía está por lo tanto regulada:

- por la legislación de los Estados1;

- por el Derecho Internacional, constituido por los usos y los acuerdos entre Estados.