La legislación vigente hasta 1912

LOS ARTS. 4-15 DEL CÓDIGO CIVIL DE 1865

Después de la unificación de Italia proclamada el 17 de marzo de 1861, el tema de la ciudadanía fue regulado por el Código Civil de 1865.

El Código de 1865 establecía el principio iure sanguinis de transmisión de la ciudadanía por vía paterna, esto es, de padre a hijo.

Sólo en el caso de que el padre fuera desconocido, la ciudadanía se transmitía iure sanguinis por vía materna, o sea, de la madre al hijo.

También el hijo de un extranjero podía adquirir la ciudadanía italiana siempre que hubiera nacido en Italia y allí hubiese establecido su residencia.

La mujer extranjera che se hubiera casado con un ciudadano, adquiría la ciudadanía y la conservaba aún después de la muerte del marido.

El extranjero podía adquirir la ciudadanía a través de la naturalización concedida por la ley o mediante un decreto Real.

La ciudadanía podía perderse:

- en el caso de renuncia hecha frente a un Oficial del Estado civil;

- en el caso de adquisición de la ciudadanía de otro Estado;

- en el caso de prestación, sin permiso del Gobierno italiano, de un empleo en un gobierno extranjero o de servicio militar en el exterior.

El ciudadano que hubiese perdido la ciudadanía podía sin embargo readquirirla, regresando a Italia con un permiso especial del Gobierno, renunciando a la ciudadanía extranjera o al empleo o al servicio militar aceptados en el exterior y finalmente declarando, frente al oficial del Estado civil, de haber fijado su domicilio en Italia.

La ciudadana italiana que si hubiera casado con un extranjero, perdía la ciudadanía, pero sólo cuando, por el sólo hecho del matrimonio, adquiriese la ciudadanía del marido.

LAS LEYES SUCESIVAS A 1912

A las disposiciones del Código Civil de 1865 en materia de ciudadanía se agregaron algunas leyes sucesivas, que tomaban en consideración el problema de la adquisición de la ciudadanía por naturalización.

El Texto Unico de la ley electoral política de 1895 reconocía, a aquellos que no hubieran nacido en Italia, pero fueran italianos por nacionalidad, la ciudadanía con el pleno ejercicio de los derechos políticos a través de la naturalización concedida por Decreto real, siempre que se prestara juramento de fidelidad al Rey.

A quien en cambio no fuera italiano, ni aún por nacionalidad, se le reconocía la ciudadanía con el ejercicio de los derechos políticos sólo a través de la naturalización concedida por ley.

La Ley sobre emigración de 1901 complementó también las normas del Código Civil de 1865 sobre ciudadanía.

Esta ley establecía que la ciudadanía, entendida como el pleno ejercicio de los derechos políticos, podía ser concedida, con decreto del Ministro del Interior, de acuerdo con el Ministro de Asuntos Exteriores:

- A quien hubiera nacido en Italia o en el exterior y se hubiera vuelto extranjero por ser menor de edad cuando el padre había perdido la ciudadanía;

- o a quien hubiera nacido en Italia o en el exterior cuando el padre había ya perdido la ciudadanía y no hubiera declarado, dentro del año de alcanzada la mayoría de edad, de elegir la ciudadanía italiana, siempre que fijase su domicilio en Italia.

La Ley de 17 de mayo de 1906, n° 217 preveía la concesión de la ciudadanía, comprendida la adquisición y el ejercicio de los derechos políticos, con Decreto real previo parecer favorable del Consejo de Estado al extranjero que:

- hubiese fijado desde al menos 6 años la residencia en Italia o en las colonias italianas;

- hubiese prestado por 4 años servicio, en las dependencias del Estado italiano, aún en el exterior;

- residiese desde al menos 3 años en Italia o en las colonias italianas en el caso de haber contraído matrimonio con una ciudadana italiana o hubiese prestado servicios a Italia.

El tema de la ciudadanía fue revisto totalmente, por una nueva ley adoptada por el Parlamento italiano en 1912.

LA LEY N° 555 DE 1912

La Ley sobre ciudadanía de 1912 reordenó completamente el tema de la ciudadanía.

Siguiendo la dirección ya consolidada, la Ley de 1912 confirmaba el principio de la transmisión iure sanguinis de la ciudadanía por vía paterna, esto es, del padre al hijo.

La ciudadanía se transmitía iure sanguinis por vía materna, o sea de la madre al hijo, sólo si:

- el padre era desconocido o apátrida;

- el hijo no continuase la ciudadanía del padre según la ley del Estado al cual este último pertenecía.

Como caso excepcional, la ley de 1912 reconocía iure soli la ciudadanía a quien hubiera nacido en Italia, si ambos progenitores eran desconocidos o apátridas, o si el hijo no seguía la ciudadanía de los padres según la ley del Estado al cual pertenecían estos últimos.

La ciudadanía podía perderse cuando se transfería la residencia al exterior y se adquiría una ciudadanía extranjera o se renunciaba a la italiana, o cuando se aceptaba un empleo en un Estado extranjero o se prestaba en el exterior, servicio militar, no obstante la intimación del Gobierno italiano de abandonar dicho empleo o servicio.

Quien hubiera perdido la ciudadanía italiana podía readquirirla:

- prestando servicio militar en Italia o aceptando un empleo del Estado italiano;

- declarando de renunciar a la ciudadanía del Estado al cual pertenecía, o probando de haber renunciado al empleo o al servicio militar desarrollados en el exterior, no obstante la prohibición del Gobierno italiano, y en ambos casos estableciendo, dentro del año de la renuncia, la propia residencia en Italia;

- después de 2 años de residencia en Italia, si la pérdida de la ciudadanía italiana hubiera sido causada por la adquisición de una ciudadanía extrajera.

La Ley sobre ciudadanía de 1912 establecía el principio según el cual la mujer adoptaba la ciudadanía del marido.

La mujer extranjera que se hubiera casado con un italiano adquiría, entonces, la ciudadanía italiana, que podía conservar aún de viuda, pero sólo si no se hubiera transferido al exterior y, en consecuencia, readquirido la ciudadanía de origen.

La mujer ciudadana que se hubiera casado con un extranjero perdía la ciudadanía italiana, si el marido poseía una ciudadanía que se transmitiera a la mujer con el matrimonio.

A los ciudadanos italianos, nacidos y residentes en un Estado extranjero y considerados ciudadanos por este último, en base al principio del ius soli, se les permitía conservar la ciudadanía italiana, a la cual podían sin embargo, renunciar, al alcanzar la mayoría de edad.

LA REFORMA DEL DERECHO DE FAMILIA DE 1975

Imponiendo a la mujer la adopción de la ciudadanía del marido, la Ley sobre ciudadanía de 1912 contrastaba con el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley previsto por la Constitución de 19482.

En consecuencia, la Corte Constitucional, mediante una propia sentencia, anuló la parte de la ley sobre ciudadanía de 1912 que imponía a la mujer de adoptar la ciudadanía del marido.

También por esta razón, el Parlamento italiano, al reformar el derecho de familia, siguió, en este punto, la dirección de la Corte Constitucional, introduciendo en el Código Civil una disposición en base a la cual la mujer conservaba la ciudadanía italiana, aún si se hubiera casado con un extranjero y, por efecto del matrimonio, hubiese adquirido la ciudadanía del marido. La mujer conservaba sin embargo la posibilidad de renunciar a la ciudadanía italiana.

La mujer que hubiera perdido la ciudadanía italiana, antes de la entrada en vigor de la reforma del derecho de familia, por haberse casado con un extranjero o por el cambio de ciudadanía del marido, podía readquirirla mediante una declaración frente al Oficial del Estado civil o Autoridad diplomática o consular de su lugar de residencia.

LA SENTENCIA DELA CORTE CONSTITUCIONAL DE 1983

La ley sobre ciudadanía de 1912 era inconstitucional también en la parte en que no permitía la transmisión iure sanguinis de la ciudadanía italiana por vía materna.

Este aspecto no escapó a la Corte Constitucional, la cual, en 1983 anuló la ley de 1912 en la parte en que no permitía la transmisión de la ciudadanía italiana de la madre al hijo.

Así, los hijos de una ciudadana italiana eran italianos desde momento del nacimiento, independientemente del lugar en que hubieran nacido.

Interpretando posteriormente la sentencia de la Corte Constitucional, la jurisprudencia italiana ha sin embargo especificado que, no todos los hijos nacidos de madre italiana, pueden considerarse italianos.

Desde la entrada en vigor de la Constitución, el 1° de enero de 1948, sólo a los nacidos de ciudadanas italianas después de 1° de enero de 1948 se les reconocía la ciudadanía italiana desde el momento de su nacimiento.

Los hijos de ciudadanas italianas nacidos antes de la entrada en vigor de la Constitución podían y podrán adquirir la ciudadanía italiana, si se dan las condiciones, previstas por la Ley, en las otras hipótesis sobre ciudadanía de 1912, que es la ley que continua regulando las formas de transmisión y adquisición de la ciudadanía italiana, para quienes hayan nacido hasta el 31 de diciembre de 1947.

LA LEY N° 123 DE 1983

El 21 de abril de 1983, el Parlamento italiano adoptó la Ley n° 123, entrada en vigor el 27 de abril del mismo año.

La ley de 1983 establecía que el cónyuge, extranjero o apátrida, de un ciudadano italiano podía adquirir la ciudadanía en el caso en que fuese residente por al menos seis meses en Italia o hubiesen transcurrido tres años de la fecha del matrimonio, con la condición de que se hubiese producido la disolución, anulación o cesación de los efectos civiles del matrimonio y no se hubiera producido la separación legal.

En esta hipótesis, el interesado debía presentar una solicitud de concesión de la ciudadanía al intendente del Municipio (Comune) de residencia o a la Autoridad consular competente.

La ciudadanía se concedía, salvo en los casos de rechazo previstos por la misma ley, con Decreto del Presidente de la República bajo propuesta del Ministro del Interior. Finalmente, la Ley de 1983 consideraba ciudadano, al hijo menor de edad, también extranjero, adoptado por un ciudadano o ciudadana italiana.

Una nueva ley orgánica sobre ciudadanía, aprobada en 1992, entró en vigencia el 16 de agosto de ese mismo año.

Esta regula la ciudadanía en cada particular aspecto, desde la transmisión iure sanguinis, a la readquisición en caso de pérdida, reordenando así una materia que se había vuelto muy complicada, por la continua sucesión de diversas leyes.