Los derechos del ciudadano

Los derechos del ciudadano están indicados en la Constitución nacional, la Ley fundamental del Estado, y en algunos tratados internacionales.

En Italia, los derechos del ciudadano están garantizados por la Constitución, promulgada por el Jefe Provisorio del Estado el 27 de diciembre de 1947 y entrada en vigor el 1º de enero de 1948.

En la prima parte, que contiene los principios en los cuales se funda la República, la Constitución reconoce los derechos inviolables del hombre, ya sea individualmente, como en asociaciones sociales donde desarrolla su personalidad.

Por derechos inviolables se entienden aquellos derechos y libertades que son inherentes a la naturaleza misma del hombre. Se trata de derechos individuales, como el derecho al nombre y a la libertad de pensamiento, y de derechos colectivos, como la libertad de asociación y de reunión.

Los derechos inviolables del hombre se extienden también a aquellos entes colectivos, como por ejemplo la familia, los partidos políticos y los sindicatos, que hacen posible el pleno desarrollo de la persona humana y la efectiva participación del ciudadano en la vida política, económica y social del País.

La Constitución establece además, que todos los ciudadanos tienen igual dignidad social y son iguales ante la ley, sin ninguna distinción de raza, sexo, religión, idioma, opinión política o condición social.

La República asume el deber de desobstaculizar, todos aquellos que impida la plena libertad y efectiva igualdad de los ciudadanos, y se empeña en promover las condiciones que hagan efectivo el ejercicio del derecho al trabajo de los ciudadanos.

La Constitución establece que cada ciudadano puede permanecer y circular libremente por el territorio de la República. Cada ciudadano es libre de salir del territorio nacional y de regresar, siempre que cumpla con las disposiciones legales.

Según la Constitución, nadie puede ser privado, por motivos políticos, de la capacidad jurídica, esto es de la capacidad de ser un sujeto de derecho, del nombre y, sobre todo, de la ciudadanía.

Fundamental es también el Título IV de la Constitución, referente a las relaciones políticas, que prevé algunos importantes derechos de ciudadanía.

A todos los ciudadanos, hombres y mujeres, se les reconoce el derecho al voto al alcanzar la mayoría de edad, fijada por la ley en los 18 años. Este derecho está limitado únicamente en los casos de incapacidad civil o de indignidad moral previstos por la ley, o por efectos de una sentencia irrevocable en una condena penal.

Finalmente, después de largos años de espera, se ha alcanzado el histórico resultado de incluir en la Constitución el principio según el cual, los ciudadanos residentes en el exterior, gozan del derecho a voto para la elección de las Cámaras y, en los referéndum. A este fin, la Constitución instituye una circunscripción electoral especial: la circunscripción Exterior.

Como hemos explicado en el volumen que hemos publicado el 15 de mayo pasado sobre este tema, la Ley n° 459, del 27 de diciembre de 2001, establece que los italianos residentes en el exterior pueden votar por correspondencia o elegir el ejercicio del derecho de voto en Italia, comunicándolo a la Autoridad consular.

La circunscripción exterior se divide en 4 reparticiones, entre ellas la correspondiente a Sudamérica. Para cada repartición se elige por lo menos un Diputado y un Senador.

A todos los ciudadanos se les garantiza finalmente, el derecho de asociarse en los partidos políticos para determinar, democráticamente, la dirección de la política nacional5; y el derecho de acceso a los cargos públicos y electivos, según los requisitos determinados por la ley.